Matriz de Requisitos Legales, Empresa Mediana (Hasta 99 Trabajadores)
La Matriz de Requisitos Legales es una herramienta clave para asegurar que su empresa cumpla de manera ordenada, permanente y verificable con la normativa legal vigente aplicable a su actividad. A través de un análisis estructurado, esta matriz permite identificar, organizar y controlar todas las obligaciones legales en materias como seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y otras exigencias regulatorias relevantes. En Prevención Santamaría, desarrollamos la Matriz de Requisitos Legales de forma personalizada, considerando la realidad operacional, el rubro y el tamaño de cada organización. Nuestro enfoque no se limita a listar normas, sino que traduce las exigencias legales en información clara, aplicable y fácil de gestionar, facilitando su cumplimiento efectivo. Con este producto, su empresa podrá identificar con precisión las leyes, decretos y normativas que le son exigibles. Evaluar el nivel de cumplimiento legal de forma clara y documentada. Prevenir sanciones, multas y contingencias legales. Contar con un respaldo técnico sólido frente a fiscalizaciones y auditorías. Y fortalecer la gestión preventiva y la toma de decisiones estratégicas. La Matriz de Requisitos Legales de Prevención Santamaría es más que un documento, es una herramienta de control y seguridad jurídica que entrega tranquilidad, orden y respaldo profesional, permitiendo a su empresa enfocarse en crecer con confianza y cumplimiento normativo.
- Envío:
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Detalle de Compra. Términos y condiciones del servicio.
- Precio base y naturaleza del pago inicial:
El valor publicado corresponde a un precio base desde $1.300.000, el cual constituye un pago inicial destinado a habilitar la evaluación técnica preliminar necesaria para determinar el alcance y valor final del servicio Matriz de Requisitos Legales Empresa Mediana. - Evaluación y cotización final:
Una vez efectuado el pago del precio base, Prevención Santamaría se comunicará con el cliente para realizar la evaluación de los factores que inciden en el valor final del servicio, tales como el tamaño de la empresa, ubicación y alcance requerido. Finalizada dicha evaluación, se emitirá una cotización final, la cual será informada de manera clara y detallada. - Derecho de cancelación y devolución del pago inicial:
Emitida la cotización final, el cliente dispondrá de un plazo de 12 horas corridas para cancelar el servicio y rechazar la cotización, lo que deberá ser comunicado de forma expresa a Prevención Santamaría a través de los canales formales de contacto.
En caso de cancelación dentro de dicho plazo, se dará inicio al proceso de devolución del monto pagado como precio base, conforme a los plazos y medios establecidos por la normativa vigente y el medio de pago utilizado. - Aceptación de la cotización y pérdida del derecho a devolución:
Transcurrido el plazo de 12 horas corridas sin que el cliente haya comunicado la cancelación del servicio, se entenderá que la cotización final ha sido aceptada, quedando perfeccionado el contrato.
En este caso, el cliente pierde el derecho a la devolución del monto ya pagado, por cuanto dicho pago se imputará al inicio de la ejecución del servicio. - Inicio del servicio:
Aceptada la cotización final Prevención Santamaría quedará habilitada para dar inicio a la ejecución del servicio, sin necesidad de comunicación adicional.
- Pago del saldo final:
El saldo pendiente, correspondiente a la diferencia entre el precio base pagado y el valor total del servicio, deberá ser pagado al término de la ejecución del servicio, conforme a lo indicado en la cotización final aceptada. - Entrega del producto final:
El producto final y/o los documentos resultantes del servicio serán entregados al cliente de forma inmediata una vez verificado el pago íntegro del saldo final, por los medios previamente informados. - Información y transparencia:
Prevención Santamaría declara que la información entregada respecto del servicio, sus condiciones y valores se ajusta a los principios de veracidad, transparencia y oportunidad, conforme a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
